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El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo es una herramienta empleada para mitigar o prevenir los eventos en los cuales se pueden desarrollar operaciones de lavado de activos o financiación al terrorismo. Consiste, entonces, en establecer una serie de controles y alertas tempranas encaminadas a prevenir que las sociedades vigiladas corran el riesgo de ser utilizadas como instrumento para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas.

En vista de lo anterior, se hizo necesario incorporar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el cual se encuentra compuesto por las siguientes etapas:

  1. Identificación del riesgo
  2. Medición o evaluación
  3. Control
  4. Monitoreo

Estas etapas tienen como finalidad conocer al cliente o usuario y establecer si las operaciones que están realizando se encuentran ajustadas a los parámetros legales o, si por el contrario, son inusuales y/o sospechosas.

¿Quiénes deben implementarlo?

Al respecto, la Circular Externa 0055 del 2016 de la Superintendencia Financiera estableció que:

“Corresponde a las entidades vigiladas diseñar e implementar el SARLAFT de acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos en este Capítulo, sin perjuicio de advertir que de acuerdo con el literal e, del numeral 2 del art. 102 del EOSF, debe estar en consonancia con los estándares internacionales sobre la materia, especialmente los proferidos por el GAFI – GAFISUD (…) El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas en desarrollo de lo dispuesto en las presentes instrucciones debe atender a la naturaleza, objeto social y demás características particulares de cada una de ellas.”

De acuerdo a esto podríamos concluir que las entidades vigiladas son aquellas que deben realizar la implementación, sin embargo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) profirió un Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 (actualizado el 2 de abril del 2018), en el cual en su artículo 2.14.2 estableció cuáles son los sectores económicos obligados a informar sobre operaciones sospechosas:

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Sin perjuicio de las obligaciones de las entidades que adelantan las actividades financieras, aseguradoras o propias del mercado de valores, las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes a estos, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las Información de que trata el literal d del numeral 2º del artículo 102 y los artículos 103 a 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que esta señale. Parágrafo 1. Las personas naturales o jurídicas, independientemente de su denominación que en forma profesional se dediquen a la compra y venta de divisas, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, además de la información de que trata el presente artículo, la exigida en la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y sus modificaciones. Parágrafo 2. Las entidades que administren sistemas de tarjeta de crédito, de débito o de cajeros automáticos, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la información sobre transacciones que, por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que las entidades están siendo utilizadas para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas

Adicionalmente, con la expedición de la Circular Externa 04 de 2017, la Superintendencia de la Economía Solidaria modificó el Capítulo XI del Título II y el Capítulo IX del Título III de la Circular Básica Jurídica expedida por dicha entidad, con el fin de que todas las entidades sometidas a su vigilancia diseñen, implementen y pongan en funcionamiento el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT.

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