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Ante los negativos efectos que tendría sobre la economía una eventual caída de la Ley de Financiamiento, la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, pidió a la Corte Constitucional que declare su exequibilidad.

Para Bruce Mac Master, presidente del gremio, “la decisión sobre la Ley de Financiamiento que tomará la Corte Constitucional no solo tiene inmensas implicaciones sobre las finanzas públicas, también sobre la estabilidad jurídica de las empresas, los emprendedores y las empresas que se están formalizando”.

“Una eventual caída de la Ley de Financiamiento sería extremadamente grave para la economía. Además de ser un importante golpe a la Certidumbre Jurídica con que deben contar los agentes de los mercados, pondría en graves apuros el financiamiento del Estado”, señala el Presidente de la ANDI.

En iguales términos se pronunció la Cámara Colombo Americana, AmCham, al señalar que la Ley ofrece un marco jurídico importante para las empresas, que tienen en cuenta dentro de sus parámetros para la inversión, la legislación vigente.

“La Ley de Financiamiento contiene aspectos favorables para las empresas como reducción en el impuesto de renta, descuentos en IVA y en el impuesto de industria y comercio, entre otros, que han sido considerados claves para la competitividad empresarial”, dijo la directora ejecutiva del gremio, María Claudia Lacouture.

Agregó que en medio de una coyuntura internacional enrarecida por la tensión comercial entre Estados Unidos y China y en donde el comercio global comienza a mostrar señales de estancamiento, es fundamental enviar a los inversionistas señales claras sobre las condiciones para el desarrollo de proyectos productivos y sobre la estabilidad del marco jurídico e institucional del país.

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Para la ANDI, esta Ley significó un importante avance al bajar la presión tributaria de las empresas, contribuye a la competitividad que tanto se había reclamado desde el sector privado y en general fortalece el sector empresarial en Colombia, el cual ya ha realizado inversiones importantes a la luz del marco normativo que empezó a regir en 2019.

“La Ley introdujo medidas positivas para impulsar sectores específicos y revitalizar la economía, entre las cuales se resaltan las rentas exentas para economía naranja y sector agrícola; régimen simple de tributación para pequeños empresarios; y régimen favorable para mega inversiones”.

La Andi señala que la Ley implementó medidas para prevenir la evasión fiscal desde diferentes perspectivas, aspecto que también tendría una seria implicación para las finanzas públicas.

Finalmente, el gremio subraya que la Ley de financiamiento aumentó los recursos recibidos por impuestos por parte del Estado, garantizando el recaudo de más de $7 billones adicionales, que hasta la fecha se han reflejado en incremento en los impuestos recibidos por el gobierno nacional de más del 10%, recursos totalmente necesarios para el normal funcionamiento de las políticas públicas desarrollados por el Gobierno Nacional.

Fuente: Gerente.com

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