El gobierno anunció que acortaría el periodo de referencia para el cálculo de la tasa de interés de usura. Dicha tasa se calcula como 1,5 veces la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC) y a partir de ahora se ajustará mensualmente en lugar de trimestralmente, como se venía haciendo.

La medida se tomó para ayudar a que la tasa de usura responda más rápidamente al proceso de reducción que se viene dando en la tasa de política del Banco de la República e impulse por esa vía una caída más acelerada en las tasas de interés de mercado. Como se destaca en un reciente documento del propio Banco de la República (Reportes del Emisor, Banco de la República, julio de 2017), el comportamiento de las tasas de los préstamos ante cambios en la tasa de política monetaria es mixto. Mientras que en los créditos comerciales, en particular los preferenciales, la transmisión es rápida y alta, no ocurre lo mismo con los créditos a los hogares, donde es más lenta y volátil. En este sentido, en el período actual, acortar el periodo de referencia de la tasa de usura podría contribuir a aliviar la presión sobre los hogares endeudados y en particular sobre los deudores de tarjetas de crédito.

Esta modificación en la tasa de usura ha provocado diversas opiniones. Ha sido objeto de críticas en algunos sectores por considerarla insuficiente, en la medida en que el margen de 50% entre la tasa de usura y la TIBC se mantiene inmodificado. A juicio del presidente de FENALCO, por ejemplo, ese margen debería haberse reducido al 25%. En cambio para otros, estas modificaciones generan un terrible efecto al reducir el acceso a crédito formal por parte de los deudores más pequeños y de mayor riesgo, lo cual a su vez tiene costos sociales que pueden superar el beneficio de contar con menores tasas de interés para los que sí acceden a financiamiento formal.

En efecto, la reducción en la tasa de usura que se deriva del nuevo método de cálculo induce a algunos prestamistas a restringir su oferta de crédito, en la medida en que perciban que la tasa de interés que pueden cobrar no alcanza para compensar los riesgos y otros costos implícitos en la operación. Lo anterior genera un resultado paradójico. La imposición de límites a las tasas de interés de los créditos crea un problema de selección adversa, al excluir proyectos productivos que podrían ser financiados por el sector financiero formal y al impedir el acceso a financiamiento bancario a los consumidores que estarían dispuestos a pagar por él, incluso a una tasa más alta. Dado que los costos de analizar y procesar cada crédito tienen un componente fijo – que no es proporcional al valor del crédito – los hogares particulares y las pequeñas empresas, cuya demanda se concentra en créditos de montos más bajos, son las que típicamente se enfrentan a dificultades de acceso al financiamiento cuando existen topes a las tasas de interés. Así, aquellos a quienes se quiere beneficiar con menores tasas de interés al bajar la tasa de usura terminan sin acceso al crédito o teniendo que recurrir a prestamistas extrabancarios e informales que no están sujetos a estas restricciones y que típicamente cobran intereses diarios o semanales muchísimo más costosos que los del sistema financiero formal.

En coyunturas diferentes, cuando las tasas de interés van en ascenso, el nuevo cálculo de las tasas de usura permitiría un ajuste más rápido de las tasas límite a las condiciones de mercado. Ello puede encarecer más rápidamente el crédito de consumo, generando presión sobre los deudores, pero tener a su vez un impacto positivo sobre el acceso al crédito. Si pueden aumentar las tasas que cobran a los deudores más riesgosos al ritmo que aumentan las tasas de interés de mercado, los bancos se verán menos estimulados a reducir su oferta y a dejar por fuera a los deudores de mayor riesgo. A pesar de la aparente simetría del mecanismo de fijación de la tasa de usura, es importante destacar que su impacto es muy diferente cuando las tasas se mueven hacia abajo que cuando se mueven al alza. Al constituir un tope máximo a la tasa de interés de mercado, una reducción en la tasa de usura obliga a ajustar de manera inmediata las tasas de interés de todos los créditos vigentes cuyas tasas contractuales fueran superiores. Esta reducción de las tasas tiene además un efecto permanente durante la vida restante del crédito correspondiente: si la tasa de usura vuelve a subir, la tasa de interés de los créditos vigentes debe mantenerse abajo, incluso si la tasa estipulada en el contrato original era más alta. En este sentido, la utilización de la tasa de usura como mecanismo para establecer topes a las tasas de interés de mercado genera una asimetría que puede reducir el apetito del sistema financiero por otorgar créditos a tasas que se acerquen a dichos topes.

Típicamente, esto se refleja en menor apetito por créditos de consumo o créditos a pequeñas empresas, que se perciben de mayor riesgo y que conllevan mayores costos operativos bajo la óptica del sistema financiero. En el contexto de este debate, acortar el período de referencia para el cálculo de las tasas de usura constituye una decisión comprensible en la coyuntura actual, de cara al objetivo de acelerar la transmisión de la política de reducción de las tasas de interés que viene realizando el Banco de la República. A largo plazo, sin embargo, sería deseable avanzar en el proceso de remover los topes a la tasa de interés y promover en cambio la competencia entre las entidades financieras como mecanismo de estímulo para que las tasas de interés sean más bajas y a la vez el acceso al crédito sea mayor y más fácil para todos los potenciales deudores.

En América Latina, en línea con los programas de liberalización financiera de las décadas recientes, los límites a las tasas de interés han sido eliminados o flexibilizados en muchos países, aunque sigue existiendo una amplia heterogeneidad en las políticas al respecto. Mientras Paraguay, Uruguay y Colombia mantienen las restricciones sobre tasa de interés, otros como Panamá y Bolivia han retirado el delito de usura de sus códigos penales. Brasil, Perú y Nicaragua, por su parte, establecen límites a las tasas de interés aplicables únicamente a las transacciones particulares, que se establecen por fuera del sistema financiero, buscando proteger al consumidor de cobros excesivos en el mercado crediticio informal. Por último, en Chile y Argentina los límites a las tasas de interés se mantienen muy por encima de la tasa de interés del mercado (Cepera et al., 2011).

En Colombia los límites a las tasas de interés existen desde los años setenta, pero la tasa de usura propiamente dicha, referenciada a la TIBC que certifica la Superfinanciera, se definió a comienzos de los noventa. En la última década, su cálculo ha sufrido modificaciones y se ha flexibilizado considerablemente. A comienzos de 2007, la Superintendencia empezó a certificar una TIBC específica para el microcrédito de tal forma que la tasa de interés promedio para esta modalidad de cartera logró desligarse de la de créditos comerciales a grandes empresas. Durante el período 2007-2010, la tasa de interés de usura para microcrédito se mantuvo inalterada pero a partir de septiembre de 2010 se completó el proceso de flexibilización de la tasa para este sector. En ese momento también se procedió a cambiar la metodología de cálculo de la TIBC, reduciendo el sesgo hacia abajo que generaba la ponderación de los créditos comerciales vis-a-vis los créditos de consumo, con lo cual la tasa de usura pasó a ser menos restrictiva de lo que era previamente. Antes de los cambios mencionados, las tasas de interés para diferentes modalidades de préstamos, incluyendo el microcrédito, estaban cerca del techo que imponía la usura, generando lo que se conoce como “efecto murciélago”.

De esta manera, los cambios regulatorios sobre la tasa de usura en Colombia han tenido un efecto positivo en la inclusión financiera, aumentando el acceso al sector formal bancario de individuos que antes estaban excluidos. Durante 2010-2016 se registró un repunte en todos los portafolios crediticios, llevando al indicador de cartera/ PIB a niveles cercanos al 46%. En particular, la relación crédito/PIB del microcrédito aumentó del 0,8% a 1,3% en 2010-2016 y la de la cartera de consumo se incrementó del 8,8% al 12,3% en el mismo período (ANIF, 2017). La experiencia de otros países de la región, como Perú y Bolivia, demuestra que, tras eliminar los topes a las tasas de interés, el acceso al microcrédito se incrementa significativamente al tiempo que las tasas de interés efectivas que se cobran sobre dichos créditos se reducen gracias a la mayor competencia que se genera entre los oferentes de crédito.

Por esta razón, la perspectiva de reducción en las tasas de interés del crédito y en particular en la aplicable para créditos de consumo y créditos a pequeñas empresas no debe vincularse a la posibilidad de seguir reduciendo la tasa repo o a que esa reducción se transmita más rápidamente. Lo importante en el mediano y en el largo plazo es promover la competencia entre los prestamistas para que la tasa de interés refleje los gastos operativos y los riesgos de prestarle a cada tipo de deudor, en lugar de los límites regulatorios. Esa competencia es la garantía para seguir avanzando en el proceso de profundización e inclusión financiera en el que se ha venido avanzando con relativo éxito en los últimos años.