Los recientes escándalos empresariales han generado preguntas sobre las prácticas de quienes hacen los negocios, así como de quienes deben auditarlos: los revisores fiscales. ¿Se están haciendo los de la vista gorda o tienen exceso de funciones? Debate.

Desde 1935 en el país se estableció la obligación para las sociedades anónimas de tener un contador independiente que examinara todas las operaciones, verificara las cuentas, avalara con su firma los balances y se cerciorara de que los negocios se realizaran conforme a la ley. Su deber además es dar oportuna cuenta de irregularidades en los actos de la compañía.

Esa figura, que existe en muchos otros países, en Colombia se denominó revisoría fiscal y hoy está en el ojo del huracán por cuenta de recientes escándalos empresariales como los de Interbolsa, Reficar, Estraval y más recientemente Odebrecht.

Para algunos abogados y empresarios, los revisores fiscales están pasando de agache en estos descalabros, que tienen algunos de sus protagonistas en la cárcel; pero otros consideran que a estos profesionales se les está exigiendo más de lo que pueden hacer, pues además de que cada vez asumen más funciones, tienen una talanquera grande: quienes les pagan el sueldo son los mismos a quienes deben vigilar, lo que afecta su independencia.

A esto se suman los pocos ‘dientes’ que tiene la Junta Central de Contadores, que es el ente rector de la profesión, dado que es el responsable del registro, inspección y vigilancia de quienes ejercen la contaduría, así como de las personas jurídicas prestadoras de esos servicios.

Si el tribunal disciplinario de la Junta detecta a un contador o revisor fiscal que, por ejemplo, avala pasivos inexistentes, omite ingresos, tramita devoluciones ante la Dian por exportaciones ficticias –como ocurrió con algunas exportaciones de chatarra–, máximo le pueden imponer una multa de $12 millones o cancelarle la tarjeta profesional por un año. Unos castigos muy leves para la gravedad de sus faltas, razón por la cual no hay forma de impedir que en poco tiempo los profesionales inescrupulosos vuelvan a sus andanzas.

Actualmente, los siete miembros del tribunal investigan 1.177 expedientes y en los últimos 10 años han sancionado a 567 contadores y a 604 revisores fiscales. Advierten que no pueden hacer su labor de forma más expedita, pues no son funcionarios de dedicación exclusiva, sino que se reúnen cada 15 días para estudiar los casos y tomar decisiones. En este tribunal hay representantes de la Dian, del Ministerio de Comercio, de las instituciones de educación superior, del Consejo Gremial y de las asociaciones de contadores públicos.

No obstante, en la Junta Central de Contadores también advierten que no se debe estigmatizar la profesión, pues las investigaciones y sanciones son pocas frente a la cantidad de contadores que hay en el país. Según las estadísticas del organismo, son 222.384 profesionales, de los cuales 62% son mujeres.

¿Falta malicia?

Quienes están preocupados por el papel que juegan los revisores fiscales en los recientes conflictos empresariales, que involucran desfalcos, sobornos y malos manejos en cifras millonarias, admiten que es muy difícil detectar sobornos como los ocurridos con Odebrecht, ya que es un delito que se hace por debajo de la mesa, pero también dicen que ese dinero debe entrar o salir de alguna de las cuentas de las empresas y esos movimientos irregulares son los que deberían prender las alarmas.

“Su labor no se puede concentrar en mirar que el balance o el P&G cuadren, también tiene que ver si aparecen sobrecostos extraños o modificaciones de las cuentas. Es un trabajo para el que no solo se requiere experiencia, sino también malicia”, dice un abogado.

Juan Carlos Sánchez, socio líder de auditoría de Deloitte, aclara que la labor de la revisoría fiscal es clave para dar seguridad a los usuarios de la información financiera, pero que hay que tener en cuenta que en la mayoría de casos problemáticos con empresas auditadas “se evidencian generalmente fallas del gobierno corporativo, ya que se han sobrepasado intencionalmente los controles por parte de la administración y ha habido colusión para ocultar estas situaciones y no permitir su detección por parte de la revisoría fiscal”, dice y reitera que para la confianza y transparencia en los mercados es fundamental la existencia de sólidas prácticas de gobierno corporativo en las empresas.

Eric Rodríguez, decano de la facultad de administración de la Universidad de los Andes, agrega que el problema con la figura de revisor fiscal es que fue creada como una ayuda para los entes de control del Estado que supervisan las empresas, pero también se le han trasladado las funciones de control que deberían ejercer las juntas directivas y la gerencia, y los revisores no pueden hacerlo todo.

Prueba de la gran cantidad de responsabilidades que les han endilgado a los revisores es que ahora se han vuelto indispensables en los conjuntos residenciales, cuando en realidad solo se exigen si el conjunto tiene locales comerciales. “Es una de las distorsiones de la profesión, porque los conjuntos requerían de un tercero que revisara los balances, pero eso no es necesario”, aclara Rodríguez.

Foto: Juan C. Sánchez, Socio líder de auditoria Deloitte; Eric Rodríguez, Decano de la facultad de administración de los Andes y Wilmar Franco, Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Foto: Juan C. Sánchez, Socio líder de auditoria Deloitte; Eric Rodríguez, Decano de la facultad de administración de los Andes y Wilmar Franco, Presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

 

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