¿Es el Revisor Fiscal el oficial de cumplimiento del Gobierno?

Nuevamente los recientes escándalos empresariales de corrupción, tienen en jaque a sus directivos y administradores, como son los casos de Reficar, Estraval, Elite y Odebrecht , el más reciente, ha puesto a la Revisoría Fiscal de Colombia en duda sobre su responsabilidad frente a estos hechos.

Como ente de control, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación como medida de intervención a Elite International S.A.S. (dedicada al negocio de libranzas), por captar ilegalmente dineros del público. Estas medidas implicaron el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de 17 personas naturales y seis sociedades entre las que se encuentran tres firmas de Revisoría Fiscal; Solicitando además la Supersociedades a la Dian, información correspondiente a las declaraciones de renta para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Adicionalmente, la delegatura para procedimientos de insolvencia ordenó a las alcaldías aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de sellos, cambios de guarda y demás acciones necesarias.

Con esta acción tomada por la Superintendencia de Sociedades, se observa que se presumió que todas las partes involucradas son culpables de captar ilegalmente dineros del público, no teniendo en cuenta que los responsables de las decisiones administrativas y operativas, son de competencia de la compañía, y por tanto, el Revisor Fiscal no tiene injerencia en la administración ni en la operación.

La Superintendencia de Sociedades no tuvo en cuenta que los servicios de Revisoría Fiscal se contratan como proveedores externos de servicios profesionales, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 41 de la ley 43 de 1990, “El Contador público en ejercicio de las funciones de revisor fiscal y/o auditor externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales presta sus servicios”.

La firma de contadores públicos, Moore Stephens, que le prestó servicios de revisoría fiscal a Eli International S.A.S., fue una de las tres firmas que cobijó la orden de liquidación impartida por la Supersociedades como medida de intervención, embargo y secuestro de bienes y derechos de propiedad.

Este hecho es un pésimo mensaje que le envía el Gobierno, a través de la Superintendencia de Sociedades, al gremio de profesionales de la contaduría pública, debido a que no llevó a cabo un debido proceso a pesar de que la firma de contadores públicos si detectó, informó y reportó estas anomalías a los directivos de la compañía, junta directiva, asamblea de accionistas y a la Superintendencia de Sociedades. Este insumo de información recibido por la Supersociedades fue la base para tomar la decisión de ordenar la liquidación como medida de intervención a Elite, y de paso afectar bajo esta medida a las tres firmas de contadores públicos.

Cabe recordar que, ya en ocasiones anteriores, la Supersociedades ha vinculado a los revisores fiscales, personas jurídicas y naturales a procesos de intervención con fines de liquidación, sin determinar previamente algún grado de participación en las actividades ilegales objeto de intervención como captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, y otras operaciones y negociaciones masivas, diferentes a la actividad que realizan los revisores fiscales.

Las actuaciones de la Supersociedades frente a las acciones y decisiones tomadas en contra de la firma Moore Stephens, son totalmente emocionales y presionadas por un afán de protagonismo sancionatorio por mostrar resultados o gestión, sin tener en cuenta las normas legales vigentes como lo es el decreto 4334 de 2008 emitido por el gobierno en su momento, para combatir la aparición de pirámides y otras formas de captación masiva e ilegal de recursos del público, y la sentencia posterior de la Corte Constitucional C-145, en el entendido que el articulo 5º del decreto 4333 de 2008, no abarca a terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe en el ámbito de sus actividades licitas ordinarias o habituales, lo que en otras palabras se traduce, que no se puede liquidar una firma por el hecho de cumplir con su función, y sin derecho a la defensa.

La Superintendencia de Sociedades tampoco tuvo en cuenta una evidencia suficiente y competente en los procesos de auditoría, como lo es la carta de Gerencia, hoy bajo la NIA 580 llamada “manifestaciones escritas”. Es la carta que el auditor o Revisor Fiscal le solicita a la administración y allí esta le expresa que le suministró toda la información para ser auditada y no le ocultó nada. Por lo tanto, si los directivos de la compañía, miembros de junta directiva, realizan negocios por debajo de la mesa, como se dice popularmente, al revisor fiscal le es muy difícil, casi imposible, enterarse de negocios o transacciones que no se registran contablemente como el deber ser.

No se justifica, por tanto, que por un hecho de irresponsabilidad al no permitir el uso del debido proceso por parte de la Supersociedades, este acabe con el prestigio de su práctica profesional, de sus sueños y sus fuentes de ingresos a una firma que lleva un recorrido importante, llevando a cabo su objeto social. Este hecho, por supuesto, va en contravía de la política social del Gobierno de generación y mantenimiento de fuentes de empleo.

Tomando como fuente la revista Dinero, El Superintendente de Sociedades envío carta a 6000 empresas de los Grupo 1 y 2, en donde invita a los revisores fiscales a informar a la entidad si saben o sospechan de la existencia de fraude, o tienen indicios de ello, y les pidió “colaborar con las entidades gubernamentales a que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendir los informes a que haya lugar o les sean solicitados”. El Superintendente también destacó que es importante que los revisores fiscales “den cuenta por escrito a la asamblea o Junta de socios”, de las irregularidades que ocurren en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

Con todo el respeto que se merece el señor Superintendente de Sociedades, está mal enfocado al solicitarle al revisor fiscal que ejerza funciones detectivescas y de auditoría forense en las compañías. Se le olvida que el objeto principal de la Revisoría Fiscal es emitir un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros al cierre de fin de año, y que su propósito no es buscar fraudes, lavado de activos, operaciones sospechosas o malos manejos. Cosa diferente es que a través de los procesos de evaluación de riesgos y revisión a los controles y procedimientos que lleva a cabo la Revisoría Fiscal, se detecten este tipo de indicios de comisión de irregularidades.

El enfoque de detectar robos, fraudes, desfalcos, etc., correspondería a una Auditoría Forense que sí tiene definidos estos objetivos y no hacen parte de la función de un Revisor Fiscal.

El Gobierno quiere adicionarle, cada vez más, otras responsabilidades y todas enfocadas a detectar e informar actos de corrupción, lavado de activos, etc., además de los requerimientos permanentes de firmar las respectivas declaraciones tributarias y certificaciones que, si no llevan su firma, les ocasiona multa y sanciones pecuniarias.

Para todas estas actividades que cada día le requieren más presencia y dedicación al Revisor Fiscal, y así cumplir los requerimientos del Gobierno, lo lógico y más adecuado sería que sean realizadas por un funcionario de la compañía, a quien se denominaría Oficial de Cumplimiento, y que le permita al Revisor Fiscal o Auditor Externo brindarle al sector empresarial mayor tiempo de calidad como su socio de negocio, apoyándole para que sus estados financieros reflejen la razonabilidad de su información, aplicando las mejores prácticas acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera ( NIIFS ) y auditados bajo el nuevo esquema de auditoria (NIA).

Afortunadamente, hoy en día contamos con el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), el gremio más importante de Colombia de profesionales de la Contaduría Pública y de firmas de Auditores, el cual lidera y se apersona de la defensa jurídica de sus miembros cuando es afectada su practica profesional de manera injusta, como ocurrió recientemente con el caso de la firma Moore Stephens, y que además de eso, ha emitido a través de su Presidente pronunciamientos y reclamaciones ante los entes de vigilancia y medios de comunicación, expresando su inconformidad ante la Supersociedades por la vinculación al proceso de liquidación judicial de varias firmas de Revisoría Fiscal.

n4Humberto José Fernandez Paz
Presidente BKF INTERNATIONAL S.A.

No es correcto decir que sea el Revisor Fiscal el oficial de cumplimiento

Es un error insinuar que sea el Revisor Fiscal el oficial

No es correcto decir que sea el Revisor Fiscal el oficial de cumplimiento

Es un error insinuar que sea el Revisor Fiscal el oficial

No es correcto decir que sea el Revisor Fiscal el oficial de cumplimiento

Es un error insinuar que sea el Revisor Fiscal el oficial

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