El pasado 29 de diciembre de 2016 finalmente fue sancionada la reforma tributaria estructural (Ley 1819 de 2016), aunque definitivamente para muchos no tiene nada de estructural.

Básicamente esta reforma fue presionada por dos factores; el primero tiene que ver con el déficit fiscal de 25 billones de pesos ocasionado por el desplome de los precios del petróleo, situación que dejó al descubierto la gran dependencia que tiene la economía de nuestro país de la renta petrolera y el gran impacto que esto tuvo en las finanzas del estado cuando muchas empresas de este sector dejaron de tributarle a la nación por las pérdidas que generaron, incluso quedando varias de ellas en estado de liquidación. Esta situación también demostró la carencia de una política nacional de diversificación que le asegurara mayores ingresos a la nación, ya que inevitablemente nos esperaría un negro porvenir en caso de seguir dependiendo del petróleo.

En segundo lugar, el gobierno necesitaba esta reforma para cumplir con las exigencias internacionales de la OCDE (Organización para La Cooperación y el Desarrollo Económico) y poder ingresar al Club de buenas prácticas en el que actualmente Colombia tiene una calificación BBB (Triple B) pero, sin la aprobación de la reforma tributaria, probablemente estaríamos calificados como BBB – (Triple B menos), lo cual hubiera significado que se encarecería la consecución de créditos en el exterior para todos, el dólar subiría y, según los expertos, se hubiera generado más inflación.

El sector empresarial quedó muy preocupado con la reforma tributaria, ya que aunque baja la tasa de renta del 40% al 33% convirtiéndose en renta ordinaria al eliminar el Cree imporenta y la sobretasa-Imporiqueza, por otro lado se crea un tributo a los dividendos reviviendo prácticamente la doble tributación; en otras palabras, lo que el gobierno le está dando al sector empresarial con una mano se lo está quitando con la otra. Esto es lo que se llamaría un reparto de las cargas impositivas.

Con relación al alza del IVA, que ha sido la columna vertebral de la reforma tributaria, de cierto modo el gobierno imitó lo que realizó Rajoy en España, quien subió tres puntos porcentuales de la tasa general del IVA de un solo golpe (del 16% al 19%). Aunque era más indicado haberlo establecido de manera gradual teniendo en cuenta que es un impuesto que afecta directamente al consumidor; toca la canasta familiar, le resta poder adquisitivo e incide en la inflación. Todos estos efectos los hemos podido vivir en los primeros días de este 2017, año en el que el gobierno estima que a través del IVA se recaude el 1.1% del PIB.

Otro de los aspectos que contempla la reforma tributaria es un impuesto verde a los combustibles que se verá reflejado en el alza del precio de la gasolina. Efectivamente este incremento (entre 400 y 500 pesos) se espera a partir del mes de febrero, continuando con precios más altos y con todos los efectos que esto representa sobre la economía nacional (esperemos no tengamos otro paro camionero).

Por lo tanto podemos percibir que esta reforma tributaria integral, de una u otra manera, frenará la actividad económica del país y la inversión extranjera, pero, según las proyecciones de los analistas, este año la economía colombiana crecería un 2.1%, aunque nos sigue sorprendiendo la información que nos brindan las estadísticas y los datos históricos los cuales revelan que, en la última década, el recaudo de los impuestos por parte del gobierno ha sido ascendente (52.8 billones de pesos en el 2006 y 118.9 billones de pesos en el 2016).

Aunque debemos admitir que el gasto público ha sido excesivo. En recientes declaraciones el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, expresó que este “saltó en siete años de 70 billones a 140 billones de pesos” y la lección que queda es que, así haya mayor recaudo de impuestos, no podemos seguir gastando a esa velocidad.

En este contexto, los presidentes de Colombia durante las dos últimas décadas en sus campañas como candidatos, nos aseguraron que no presentarían reformas tributarias en sus gobiernos. Sin embargo, tal como lo hemos visto en la realidad, estas promesas nunca se han cumplido y ya se han aprobado 13 reformas tributarias por parte del congreso de turno, lo cual no ha sido precisamente un mensaje de estabilidad en materia fiscal por parte del gobierno para el sector empresarial y el inversionista extranjero.

Aunque sí realmente existiera la decisión, tanto del gobierno como de las clases políticas, de adoptar buenas prácticas para combatir de manera efectiva el flagelo de la corrupción, no habría necesidad de realizar reformas tributarias cada año, las cuales posiblemente no habrían ocurrido de no haber sido por algunos de los siguientes escándalos de corrupción:
1. Reficar – Refinería de Cartagena: la Contraloría detectó un sobrecosto por más de 12 billones de pesos.
2. Carrusel de la Contratación en Bogotá: este desfalco ascendió a la suma de 1 billón de pesos según la Contraloría.
3. Saludcoop: la Contraloría aseguró que la liquidada EPS había desviado 1.4 billones de pesos de la salud.
4. Caprecom: el desfalco de esta extinta empresa promotora de salud se calculó en más de 550.000 millones de pesos.

Como podemos observar, sólo en estos cuatro escándalos de corrupción, la sumatoria supera los 14 billones de pesos, cifra que representa el doble de lo que el gobierno espera recaudar durante el primer año de vigencia de la reforma tributaria estructural, resultando inevitable preguntarnos por qué el estado no ha sido diligente en combatir y frenar este gran flagelo de la corrupción, sino que, por el contrario, continúa exigiéndole más carga tributaria al sector empresarial y al consumidor. Pero esto ha generado resistencia en los empresarios ya que la sumatoria de todas las tasas impositivas existentes en la actualidad equivale a un 70% de impuestos.

Con estos bombillos rojos encendidos esperaríamos que el gobierno y los dirigentes políticos tomen decisiones respecto al tema de la corrupción, especialmente ahora que existe un potencial electoral perfectamente informado que aprobará o castigará las buenas o malas gestiones de la clase política a través de las urnas.

Finalmente, el sector empresarial también debe estar atento a los otros requerimientos tributarios y legales, que aunque no han sido tan difundidos, también son mandatorios para este 2017; la implementación de la facturación electrónica en Colombia (emitida bajo software certificado por la DIAN y cuyo envío es directamente a esta entidad), el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y los respectivos requerimientos de la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales), son aspectos ante los cuales los empresarios debemos estar atentos y no podemos bajar la guardia.

n4Humberto José Fernandez Paz
Presidente BKF INTERNATIONAL S.A.