Cada día los contratos de prestación de servicios van en aumento, hoy en día algunas empresas le huyen a pagar primas, cesantías, vacaciones, salud y pensión a los colaboradores, incluso hasta el mismo estado, según la cifra de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al menos el 62 % de los trabajadores que laboran en entidades públicas son contratistas.

Para proteger y garantizar los derechos de los contratistas se radicó el proyecto de ley ante la Cámara de Representantes, que busca establecer unos beneficios a los trabajadores que tengan contrato de prestación de servicios, principalmente a los de contratación administrativa, así como promover la política nacional de trabajo decente y modernización laboral.

Esta iniciativa promueve mejorar condiciones de los contratos de servicios, como la remuneración de 5 días hábiles de vacaciones,  una prima de descanso equivalente al 25% de promedio de los honorarios recibidos mensualmente en los últimos seis meses, afiliación a la caja de compensación familiar, incentivo de ahorro y prima por medio del Fondo de Nacional del ahorro, la conformación del comité nacional de trabajo decente y modernización laboral en el sector público y multa al no pago puntal de los honorarios entre otros.

El alto tribunal, acusó al mismo Gobierno Nacional de abusar de la figura de contratación de prestación de servicios, diciendo: “Los poderes públicos han utilizado de forma abierta y amplia la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir consistentemente el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado, la excepcionalidad de este tipo de contratación. En ese contexto, las garantías de los trabajadores deben ser protegidas por los órganos competentes, con independencia de las prácticas y artilugios estratégicos a los que acudan los distintos empleadores para evitar vinculaciones de tipo laboral y burlar los derechos laborales constitucionales de los trabajadores al servicio del Estado, sobre todo cuando es éste el principal encargado, a través de sus entidades, de garantizar el cumplimiento de la Carta Política”.

La regulación de los contratos de prestación de servicios queda en manos de la cámara de Representantes, quienes decidirán si aprueban el acta de derechos y deberes para los contratistas y contratantes y un régimen de garantías laborales para proteger los derechos laborales de los trabajadores independientes.