Como bien es sabido, en Colombia se volvió pan de cada día el observar, tristemente, cómo las arcas del estado se pierden por la corrupción de algunas de sus instituciones. Sin embargo, ante tan desolador panorama, se observa cómo la tercera línea de defensa, como lo es el ejercicio de la Auditoría Interna, viene cobrando gran valor ante el inminente riesgo que su ejercicio y compromiso le conlleva.

Hoy en día, la corrupción de las instituciones en el sector público ascienden a un valor de casi un billón de pesos por semana, de acuerdo a las cifras determinadas por el Contralor General, y del 4% del PIB según la Procuraduría General de la Nación. Por lo anterior, es inminente seguir fortaleciendo las áreas de auditoría interna y/o control interno a través de una serie de recomendaciones, con el fin de que no se vulneren principios rectores del ejercicio auditor como lo es la objetividad y la independencia.

Como primera medida, es de vital importancia anotar que mediante Directivas Presidenciales, los Jefes de Control Interno recibieron la instrucción expresa de   denunciar ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, los posibles actos de corrupción o irregularidades que se presentaran en la entidad en la que se actúa, con el fin de mejorar la gestión pública, asegurar la transparencia del manejo de la cosa pública y proteger el erario, cuestión que sin duda se ha venido efectuando.

No obstante, estas denuncias se pueden estar realizando contra los mismos funcionarios que evalúan su desempeño (Representante Legal, Secretario General y el Jefe de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces), resultados que en muchas oportunidades se encuentran ligados a su compensación.

De igual forma, esta situación se agrava aún más, cuando, resultado de su ejercicio como auditor (auditorías de procesos, gestión y/o cumplimiento) y bajo el marco de la ética profesional, reporta situaciones irregulares al Comité de Auditoría o Comités de Coordinación de Control Interno, al máximo órgano social y/o a los órganos de control externo, que pueden no ser “del agrado” de quienes tienen la competencia de investigarlo disciplinariamente e internamente en primera instancia (Oficinas de Control Interno Disciplinario de la entidad para la cual presta sus servicios).

Ante estas situaciones, y en especial esta última, pueden llegar a generarle persecuciones indebidas e irregulares y posibles faltas a la ética profesional de quienes lo investigan (oficinas de control interno disciplinario), por ende, acrecentando la corrupción.

Ahora bien, no hay que olvidar que la objetividad y la independencia son parte integral de las guías mandatorías del Marco para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna y de su propia definición, la cuales determinan (IIA – Institute Internal Audit): La auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.  (Independencia – Libertad de condicionamientos que amenazan la capacidad de auditoría interna para llevar a cabo sus responsabilidades de forma imparcial. Objetividad – Es una actitud mental independiente, que permite que los auditores internos lleven a cabo sus trabajos con confianza en el producto de su labor y sin comprometer su calidad. La objetividad requiere que los auditores internos no subordinen su juicio al de otros sobre temas de auditoría”).

No obstante, es de resaltar los grandes esfuerzos realizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y de la propia Superintendencia Financiera de Colombia, quien desde el año 2009 a través de la Circular 014 del 19 de mayo de 2019, modificado por la circular 038 del 29 de septiembre 2009 (hoy en día incorporada en el texto de la circular básica jurídica, mediante circular externa 29 de 2014), determinó las normas y parámetros mínimos que sus entidades vigiladas debían cumplir y evaluar para garantizar el ejercicio profesional e idóneo de la auditoría interna de acuerdo con los estándares y mejoras prácticas internacionales. Sin perjuicio de lo anterior, es de anotar que estas previsiones vistas de manera general desde el ejercicio de la auditoría, ya se encontraban contenidas en el artículo 7º de la Ley 43 de 1990.

Sería interesante, como una posible propuesta para estudio, que los Jefes de Control Interno/auditores internos o quienes hagan sus veces en el sector estatal, fueran remunerados y evaluados por su Nominador (Presidencia de la Republica), e investigados disciplinariamente por un órgano de control externo, con el fin de obtener una mayor independencia y objetividad de lo que pudiere llegar a reportar, y el de evitar posibles represalias y persecuciones como resultado de su trabajo ético y responsable.

Por todo lo anterior, debería valorarse el ejercicio profesional de la auditoría interna y/o de las jefaturas de control interno y su equipo integrante en las entidades estatales, dado que ante estos fenómenos y situaciones a las cuales se pueden ver expuestos, desarrollan su labor con gran profesionalismo y ética en defensa de los intereses del erario público y por ende como escuderos en la mitigación del riesgo de corrupción.