En la actualidad Colombia tiene alrededor de doce TLC  firmados, más los que están en trámite, sin embargo siempre se ha cuestionado la poca atención, con el fin de  evitar posibles demandas por los TLC y analizar a profundidad que no fueran lesivos para la economía y la soberanía nacional.

Todo parece indicar que cuando esos TLC se sometieron a aprobación en el Congreso, primó más la emoción, y nuestros negociadores no evaluaron ni midieron las consecuencias de las cláusulas que se firmaron, que al entrar en vigencia de manera legal y operativa han sido dramáticamente lesivas para los intereses de la economía nacional.

Cláusulas por ejemplo donde se establece la figura de la “Expropiación Indirecta”, concepto que estipula que el Estado debe resarcir cualquier equivocación que puedan sufrir los inversionistas extranjeros en las utilidades que esperan realizar en Colombia, a consecuencia de decisiones soberanas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. Otra disposición convenida, es que los pleitos o reclamaciones se ventilen ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el foro de arbitraje y conciliación del Banco Mundial, en el contexto de las reglas de arbitraje de la Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional).

Si bien Colombia decidió hacer parte de la economía global, esta estrategia no solo trae la apertura de mercados sino también desafíos en materia jurídica que hoy se están viendo reflejados en estos litigios.

Somos conocedores de que la Contraloría General de la Nación en el año 2015 sancionó a la minera de carbón CI Prodeco (Filial de Glencore Colombia), por una cifra superior a los $60.000 millones por el contrato de concesión, que disminuyó los ingresos del estado por concepto de regalías. Por cuenta del fallo las autoridades tienen que renegociar el contrato.

Así mismo noticias recientes hablan sobre demandas presentadas por las compañías mineras Glencore, Eco Oro y Cosigo, esta última con una polémica pretensión que supera los US $16,500 millones y la multinacional de telecomunicaciones América Móvil (matriz de Claro), las cuales ya han notificado al gobierno nacional sus intenciones de llevar las controversias a instancias internacionales, dado que en su opinión, consideran que se han cambiado las reglas del juego en los TLC, lo cual trae inseguridad jurídica que puede derivar en temas como la expropiación o la violación del “trato justo y equitativo”, un estándar internacional definido en los acuerdos de protección a la inversión.

En una reciente columna del diario El País, el Dr. Emilio Sardi aseguró lo siguiente:
“Teniendo en cuenta que las reclamaciones se resolverán mediante arbitramentos en centros internacionales especializados, en una sola instancia y sin pasar por la justicia del país. Centros como el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial), cuyos miembros son en esencia abogados provenientes de países desarrollados y cuya tradición defensora de los intereses particulares sobre los públicos es ampliamente conocida y se refleja en que más del 60% de los casos se fallan en favor del demandante; Preocupa que estos fallos sean desfavorables para Colombia conociendo por antecedentes la calidad de los defensores que contrata el Gobierno para sus litigios internacionales”.

Cabe indicar que esta sola demanda de la Minera COSIGO, a la que se le concedió una licencia minera en un parque natural y en la cual reclama US $16.500 millones, equivale al 24% del presupuesto nacional o sea el 5% del PIB. La minera soporta su demanda en el incumplimiento de los compromisos pactados en el TLC entre Canadá y Colombia, que incluye un capítulo de protección a la inversión.

Nos inquieta y preocupa como empresarios y ciudadanos que vengan en camino más demandas por los TLC  y que tengamos que afrontar las consecuencias por la falta de previsiones e incompetencia de nuestros negociadores. No se justifica que al déficit fiscal que tiene el gobierno actual por la disminución de sus ingresos fiscales originados por la baja del petróleo, se sumen sanciones por demandas billonarias provenientes de inconsistencias y cambios de regla en las negociaciones de los TLC, dando lugar a la creación de nuevos impuestos para los empresarios y ciudadanos, con el fin de poder solucionar déficit fiscales ocasionados por funcionarios incompetentes del Estado, quienes deberían asumir la responsabilidad.

Así pues es necesario que prestemos la debida atención a este tema, pues de una u otra manera terminará afectando la economía del sector empresarial y el bolsillo de los ciudadanos.

n4Humberto José Fernandez Paz
Presidente BKF INTERNATIONAL S.A.