El Dr. Gabriel Suárez Cortés, consejero del Concejo Técnico de la Contaduría Pública, habló para El Indicador de BKF sobre los alcances del Decreto 302 que aborda la implementación de las normas internacionales de información financiera.

¿Por qué se tomó la decisión de implementar estos estándares internacionales en vez de continuar con la reglamentación que se venía aplicando?
Por muchas razones. Primero con la emisión y la exigencia de las normas internacionales de información financiera había una necesidad de aparear esto con unas normas que establecieran un control de calidad y le dieran un sello de seguridad a los usuarios de la información financiera. Lo uno no puede ir sin lo otro. Otro factor fundamental, entre los varios que hay, es que la revisoría fiscal surgió en la década de 1930 y se mantuvo desde ese entonces con pocas modificaciones en el transcurso de los años, como por ejemplo cuando se introdujo la facultad de los contadores públicos de emitir un concepto sobre los controles internos y sobre el cumplimiento de normas internas y externas de las organizaciones y después con las normas denominadas de fe pública, donde se le pide a los revisores fiscales que en ciertas circunstancias certifiquen una verdad. Eso nos ha llevado a una cantidad de labores exigidas por las superintendencias, principalmente por la financiera, por las autoridades tributarias y demás. Pero durante todo ese devenir y hasta la fecha no había existido un cambio tan importante y una necesidad de cambio, porque se quedaron inmersas, colgadas en la legislación, en los artículos 205 en adelante del Código de Comercio y en la ley 43, en donde en ésta última se hizo una breve introducción de un código de ética muy resumido y donde se establecieron los denominados enunciados de principios de auditoría contemplando tres tipos: uno en cuanto a normas personales, otro en cuanto a normas de ejecución del trabajo y otro en cuanto a normas del informe. En esencia, el país carecía hasta ese momento, antes de la emisión del decreto, de un verdadero cuerpo normativo y exigente para que los profesionales que emitamos informes de auditoría podamos cumplir con estos requisitos. Era una necesidad sentida.

¿Para quienes aplica este decreto y a partir de cuándo se hace efectiva su implementación?
La ley 1314 establece que toda normatividad que se expida en el país en asunto contable o en asunto de aseguramiento de la información, tiene que ponerse en vigencia dos años después de la fecha de expedición. Se expidió a comienzos del año actual y se pondrá en vigencia a partir del año 2016. Aplica a todos aquellos profesionales, revisores fiscales que cumplen esta función en el grupo número 1, que la constituyen las empresas más importantes del país, las que tienen responsabilidad pública, las que manejan recursos de terceros y aquellas otras empresas que aunque no están en estas condiciones, por su magnitud se hace necesario exigirle un sello de calidad a la información que ellos emiten. Otra parte de esta normatividad va a ser aplicable a aquellos revisores fiscales de empresas catalogadas en el grupo número dos, generalmente y para ponerlo en palabras sencillas, para las empresas más grandes incluidas en ese grupo. El decreto da unos márgenes y establece unos requisitos de vigencia y de exigencia de esto. Pero cualquier contador público, cualquier revisor fiscal que no esté dentro de los anteriores parámetros puede aplicar por su cuenta esta normatividad. Hay que resaltar también que aunque la norma entra en vigencia en el año 2016, aquellos profesionales o aquellas firmas de auditores que quieran aplicarlo de una forma anticipada, lo pueden hacer. Es el caso de las grandes firmas de contabilidad y auditoría, que desde hace mucho tiempo en sus esquemas técnicos han venido utilizando estas normas, por eso para ese grupo de empresas no es difícil la implementación.

Usted decía que las empresas que no están clasificadas en esos grupos pueden implementar esta normatividad si así lo desean, pero ¿está contemplado que en algún momento sea obligatorio para ellas implementar esa reglamentación?
En el conocimiento que yo tengo en este momento y en el diálogo que hemos tenido aquí en el Concejo Técnico y con las autoridades de regulación no está previsto en este momento extender la obligatoriedad del uso de estas normas por parte de aquellos contadores vinculados a empresas de menor nivel, tamaño y estructura.

¿Qué pasa si el revisor fiscal de una empresa del grupo 1 o grupo 2 hace caso omiso de lo estipulado en el decreto? ¿Cuáles son las consecuencias y quién asume la responsabilidad, el revisor fiscal o la empresa?
Este decreto fue emitido exclusivamente para los contadores públicos que prestan servicio de revisoría fiscal, no para las empresas, éstas no se ven afectadas de ninguna manera. De todas formas la aplicación de la norma es obligatoria y debe ser aplicada de la forma establecida en el decreto 302. Sin embargo, si por alguna casualidad alguna persona, alguna figura de revisoría fiscal o una firma de auditores no la aplica o la aplica parcialmente, esa es su responsabilidad profesional, ese es un manejo de ética que tiene que cuidarse mucho. Pero para ello hay algunas instituciones que tienen que vigilar las labores de los revisores fiscales en cuanto a eso. Por ejemplo, uno de ellos es la Junta Central de Contadores que tiene que hacer una revisión previa al cumplimiento por parte de estos profesionales y de estas firmas, para determinar en sus visitas, si están haciendo una adecuada aplicación de los estándares. Las otras entidades que tienen que ver con el cumplimiento de estas normas son las denominadas entidades de supervisión y vigilancia, es decir las diez superintendencias que están actualmente vigentes en el país.

¿Cómo afecta la implementación de estos estándares la labor del profesional de la contaduría y más específicamente la del revisor fiscal?
Como decía hace un momento, para las grandes firmas de auditores no las afecta para nada porque ellos ya han venido utilizando de un tiempo para acá estas normas. El problema está centrado en aquellas firmas pequeñas, locales y en aquellos profesionales independientes que están prestando sus servicios de revisoría fiscal y que no venían utilizando una normatividad de esta naturaleza. Ellos tienen que ponerse al día en el entendimiento y en la aplicación de estas normas. En el Concejo Técnico de Contaduría Pública estamos preocupados por ayudar a estas personas a poder entender y aplicar esas normas en la medida del tamaño de las operaciones de sus entidades, el cumplimiento de estas normas incluye las de auditoría, las de ética y las de control de calidad. Estamos pensando en desarrollar una guía para aquellos contadores pequeños, llamémosle así, con el fin de ayudarlos a entender y a aplicar toda esta normatividad y así ayudarles a cumplir con estas labores.

Algunos críticos afirman que las normas internacionales a las que nos estamos acogiendo son aquellas que fueron publicadas en español en el año 2009, muchas de las cuales han tenido modificaciones. Se dice que eso es adaptar normas viejas a un mundo empresarial moderno. ¿Qué se puede decir al respecto?
Nosotros hemos sido conscientes de la crítica que muchos organismos, profesionales, colegas han hecho con relación a ese tema que usted me plantea en su pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? Las normas que han sido expedidas al amparo del decreto 302 son las normas expedidas por el IFAC en el año 2009. Estamos en el año 2015 y ya llevamos 6 años de atraso en esto. ¿Por qué nos tocó utilizar y por qué les tocó utilizar a las autoridades de regulación una normatividad tan antigua? La respuesta es que las autoridades y el gobierno no pueden emitir unas normas que no tengan una traducción oficial y la última traducción oficial disponible por parte del IFAC es la del año 2009. Las autoridades de regulación han venido diligenciando con funcionarios de ese organismo con el fin de conseguir una traducción actualizada oficial de esas normas y la última información que se tiene es que esto estará para el mes de agosto de este año. Cuando ello sea así, necesariamente debemos proceder a actualizar las normas de 2009 aplicando el debido proceso que está establecido en la ley específicamente en los artículos séptimo y octavo, haciendo pública la exposición de estas normas e incorporando mediante un decreto modificatorio del 302 las normas modificadas.
Usted tiene razón, del año 2009 para acá ha habido muchos cambios importantes, el último de ellos para citar alguno, es el relacionado con el dictamen de estados financieros donde el concepto de dictamen cambió sustancialmente, pero esperemos a ver cómo podemos acceder a la traducción oficial cuando el IFAC nos lo ponga de presente.

¿Qué función tiene el CTCP frente al Decreto 0302 de 2015?
Con respecto a las funciones del CTCP frente a este decreto ya hay unas cumplidas y otras por cumplir. La cumplida es que nosotros hicimos un análisis, una evaluación de qué normas debíamos sugerirles a las autoridades de regulación con relación a su adopción en Colombia. Nos fue fácil hacer esta labor porque la norma de mayor uso en el mundo son las normas internacionales de auditoría y de aseguramiento de la información emitidas por el IFAC, esa parte ya la cumplimos. En segundo lugar cumplimos el debido proceso establecido en el artículo octavo de la ley 1314 y con base en eso fue que nosotros les recomendamos a las autoridades de regulación hacer la emisión del decreto correspondiente. Hay tres cosas fundamentales que faltan por hacer y que en este momento estamos ad portas de comenzar a realizar con ayuda del comité de aseguramiento creado por el Concejo Técnico de la Contaduría Pública: la primera es una guía para las auditorías y revisorías fiscales pequeñas, para los profesionales “pequeños”; la otra es incorporar en las normas de auditoría unas normas adicionales que al hacer la aplicación de las normas de auditoría se compenetren con el fin de facilitarle a los profesionales la emisión de un dictamen sobre el control interno, que está establecido en el Código de Comercio; una tercera cosa por hacer es otro documento para establecer unas guías para que mientras se hace la auditoría, se haga también las labores de cumplimiento de normas que están establecidas actualmente en el Código de Comercio. Nosotros creemos que en los próximos dos o tres meses podremos cumplir teniendo los borradores de esto. Una vez que los tengamos miraremos cuál es el procedimiento a seguir, tal vez con alguna guía o alguna publicación especial para ayudar en la aplicación de esto.
Quiero decirle que en cuanto a los dos últimos aspectos que le mencioné, las actuales normas de auditoría emitidas por el IFAC no contienen esta guía necesaria para hacer a la vez la auditoría financiera, la auditoría de control interno y las normas de cumplimiento.