No es una novedad que la economía colombiana se está desacelerando, en gran parte por factores externos que obedecen a las condiciones de mercado a nivel global, pero también por elementos internos que dejan entrever graves falencias de la economía colombiana que habían pasado desapercibidas por los años de bonanza que vivía el país y que deberían de analizarse con el fin de evitar que las consecuencias inherentes de todo ello nos coja como coloquialmente se dice, con los calzones abajo.

Las predicciones indican que para el cierre del 2015 el PIB crecerá alrededor del 3%, lo que significa un 1.6% menos que el año anterior. A eso hay que sumarle el gran hueco fiscal que viene enfrentando el país desde el año 2014, en el que según los informes de la Contraloría, superó los $15,7 billones y se espera que aumente al finalizar el año en curso.

Gran parte de este déficit obedece a la gigantesca dependencia por parte del gobierno de la actividad minero petrolera, que quizá es la falencia más grave y evidente. En los últimos años los dividendos y utilidades de Ecopetrol han representado aproximadamente el 15% de los ingresos de la nación. Ahora, con el precio del crudo por el suelo y una merma significativa en la producción del mismo, la economía del país queda sin duda alguna afectada.

Como consecuencia el gobierno se ve de cara a un panorama bastante gris, por un lado está la necesidad de cubrir ese déficit fiscal que por lo general y según data la tradición colombiana, se logra con la creación de más impuestos (otra falencia), solución poco alentadora si se tiene en cuenta la queja constante de los empresarios e inversionistas por la altísima carga tributaria, cuya tasa sobrepasa el 60%. Muy seguramente incrementarla sería darle una bofetada a quienes han invertido y a quienes aún conservan el interés de invertir en el país. Por otra parte, de no lograr equilibrar el hueco fiscal se verían gravemente afectados los programas públicos que se derivan del cumplimiento de la Constitución de 1991, como aquellos relacionados con la salud, la educación, infraestructura, entre otros.

Tal es la situación que ya el ministro de salud, Alejandro Gaviria, sugirió a la Comisión tributaria que se cobre un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas no alcohólicas, como las gaseosas, jugos empacados y demás, con el fin de conseguir los millonarios recursos que necesita el sector. Habrá que esperar entonces la respuesta de la Comisión ante ésta y todas las situaciones que derivan en la necesidad urgente de una reforma tributaria justa y equitativa, pero sobre todo habrá que esperar a que por fin el gobierno atienda las recomendaciones de dichos expertos.

 

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Cordialmente,
Maria del Mar Montes Velásquez
Directora Editorial El Indicador
m.montes@bkf.com.co

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