Con el pasar de los años hemos tenido que enfrentar diversos cambios en las reglas del juego con respecto a la cotización al Sistema General de Seguridad Social por parte de los rentistas de capital.

El tema es controversial por su alto impacto económico y social en el país; en esta ocasión el Estado expidió una normativa en la cual involucra o conceptúa que los rentistas de capital deben ser cotizantes del sistema de seguridad social a través de la ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, bajo el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. En su artículo 135 trae consigo nuevas reglas para los considerados trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestación de servicios, cuando éstos perciban ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente, indicando que éstos cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un Ingreso Base de Cotización del 40% del valor mensualizado de los ingresos.

A lo que vamos es que alrededor del proyecto del plan de desarrollo 2014-2018 se incluía dicha reglamentación de manera explícita para independientes y rentistas de capital en el universo de los obligados a contribuir al sistema integral de seguridad social por la presunción de su capacidad de pago, teniendo en cuenta sus ingresos; todo esto basados en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, en el capítulo III llamado Universalidad del Aseguramiento. Sin embargo, cuando se publicó en el diario oficial dicha normatividad no trajo consigo tal pronunciamiento, la preocupación ahora para los rentistas de capital es que no saben qué camino tomar con relación a esta problemática, incluso las personas jurídicas que tienen en arrendamiento locales y apartamentos para uso comercial no saben si exigir o no a los propietarios dicho soporte de pago a la seguridad social. La incertidumbre principalmente se crea para las personas jurídicas al momento de la elaboración de la declaración de renta, pues no existe mayor claridad con respecto a si son deducibles o no dichos gastos y si el fisco los aceptará como deducción, o si por el contrario los rechazará incurriendo en correcciones y pagos de sanciones en sus declaraciones. Vale la pena definir que se consideran rentistas de capital aquellas personas naturales que obtienen sus ingresos como resultado de inversiones en acciones y/o arrendamientos.

Por un lado la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), adscrita al Ministerio de Hacienda, busca el reconocimiento de los derechos pensionales realizando seguimiento y determinación de la adecuada liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. Ésta, como entidad vigilante de dichos aportes ya ha emitido comunicaciones haciendo referencia a la Ley 1438 de 2011 artículo 33, estableciendo que “…Se presume con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser afiliados oficiosamente…” de esta manera están invitándolos a realizar sus aportes como cotizantes principalmente a quienes han declarado renta, sin embargo dicha comunicación no aclara cuál sería el ingreso base de cotización.

Seguido a esto los operadores de servicios de aportes de seguridad social, así como el Ministerio de Salud a través de la información de las declaraciones de renta de las personas naturales, han realizado el cruce de sus ingresos realizando promedios mensuales con el valor de la base sobre la cual cotizan al sistema de seguridad social y no se hicieron esperar enviando oficios indicando la obligatoriedad de afiliarse y realizar los pagos al sistema de seguridad social a los rentistas de capital; oficios que llegaron con ausencia de soportes legales en cuanto a la determinación de la base de cotización, puesto que la ley 1753 concede facultades al Gobierno Nacional para establecer un sistema de presunción de ingresos y uno de retención por parte de los contratantes públicos y privados. En tal medida indica que para calcular la base mínima de cotización por parte de los independientes, éstos podrán deducir las expensas que se hayan generado de la ejecución de la actividad o renta que genera los ingresos, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de la renta y que estas sean necesarias y proporcionales de acuerdo a dicha actividad; éste sistema tendría una fiscalización preferente por parte de la UGPP, pero todo esto dependerá de la reglamentación del Gobierno Nacional.

Se podría entonces concluir que para efectos de cumplir con la afiliación al sistema y ante la ausencia del método de presunción de ingresos, se da cumplimiento al artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, con el mero aporte sobre el salario mínimo legal vigente en el caso de los rentistas de capital.

Ahora bien, si usted es dueño de una propiedad cuyo valor mensual por canon de arrendamiento es de cuatro millones de pesos, tendrá que incurrir en un “costo” adicional cuando realice los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social como cotizante independiente, esto seguramente representará una disminución en sus ingresos y muy probablemente este nuevo costo lo trasladará al valor del canon de arrendamiento. Así mismo para quienes reciben utilidades de sus inversiones y son beneficiarios en el sistema de seguridad social por sus cónyuges.

La presunción de ingresos podría estar basada en un derecho constitucional (igualdad y justicia), ya que trabajadores independientes de bajos ingresos se vieron obligados y se acogieron a las nuevas normas y a presentar las planillas de pago de seguridad social sobre el 40% de sus ingresos para que sus pagos por servicios no fueran retenidos por los contratantes. De la misma manera, se presume que un rentista de capital cuyos ingresos son mayores estaría en la misma capacidad para realizar dichos aportes. En este sentido no debemos ser ajenos al pensar que en el país para obtener bienes y que estos generen rentas, se debe trabajar muchos años durante los cuales se hacen aportes al sistema de seguridad social, por lo cual podríamos pensar que los rentistas de capital ya habrían realizado sus contribuciones al sistema anticipadamente.

La DIAN en repetidas ocasiones ha expresado en sus conceptos que en los contratos que no impliquen la prestación de un servicio personal, tales como los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles donde los rentistas lo que ejercen es la explotación de un bien, no resulta aplicable la verificación de pago de aportes al SGSS prevista en el artículo 3° del Decreto 1070 de 2013, modificado por el artículo 9° del Decreto 3032 de 2013.

Medida justa o no, al cierre de esta edición nos encontramos a la espera de la reglamentación por parte del gobierno nacional, ya que es la UGPP quien por ahora está iniciando programas de revisión sobre estos aportes y para que fiscalmente se regule tendremos que esperar un decreto reglamentario de la norma y adicionalmente que la DIAN emita un concepto por medio del cual aclare quiénes estarían obligados o incluidos en esta nueva reglamentación.

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